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Cuando decidí aspirar a ser miembro de la presente Junta Central Electoral (JCE), lo hice consciente de las grandes responsabilidades que conlleva ese importante cargo, entre ellas, una mejor promoción del voto de los dominicanos en el exterior, el montaje logístico del proceso eleccionario y el regular funcionamiento de las Oficinas para el Registro de Electores en el Exterior ( OPREE).
Una vez completado el proceso de escogencia del actual pleno que ahora preside el honorable magistrado Román Jáquez, me permito sugerir a las actuales autoridades, la implementación de algunas de nuestras propuestas, dado la importancia y la representación que para nuestra democracia tiene las distintas comunidades de dominicanos residentes en el exterior y el peso específico que representa las remesas como segundo renglón solo por detrás del turismo.
en nuestra presentación ante Senado, propuse la firma de un acuerdo entre la JCE y el gobierno central, vía el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) para que de acuerdo a lo que expresa la Ley 569-44 sobre actos de la vida civil, sean las autoridades diplomáticas y consulares, quienes con su firma, a excepción de la Cédula de Identidad y Electoral, certifiquen todos los servicios que al momento imprimen las oficinas de la Junta Central Electoral en el exterior (OPREE)
No es posible que se venda que como un éxito que la Junta ofrece una amplia gama de servicios en el exterior, cuando en realidad, esas certificaciones son rechazadas por las autoridades locales, al carecer de firmas debidamente acreditadas. Eso así, porque la la JCE carece de personería jurídica internacional, principio que explica la razón del porque dichas oficinas no pueden operar fuera de los locales asignados por estos países a las embajadas y consulados dominicanos.
Asimismo expresé que no era posible una abstención de un 80% de participación ciudadana en el exterior como ocurrió el pasado mes de julio y menos ahora que los dominicanos en el exterior, por primera vez y gracias a las actuaciones de las seccionales de los principales partidos políticos, representan el 7.93% del padrón total de electores, con 595,879 inscritos de los 7,506,673 registrados hasta el 5 de julio 2020.
Independientemente de la crisis generada por el Covid-19, la Junta tiene una responsabilidad que debe asumir para subvertir esa frágil participación. Una posible salida a esa situación sería revisar las jurisdicciones de las tres circunscripciones electorales del exterior entre otras decisiones.
