POR NELSON PEÑA
La exitosa colocación de bonos soberanos o los llamados certificados de deuda por US$3,800 millones de dólares por parte del gobierno dominicano, tiene dos lecturas:
Por un lado muestra la confianza y la seguridad de los mercados internacionales desde el punto de vista del riesgo país, de un gobierno que recién asume el poder, cuyos rendimientos de 4.875%, para el monto de 1,800 millones a un plazo de 12 años, mientras la suma de 1,700 a un plazo de 40 años, cuyo rendimiento es de 6.25%, así como los bonos en pesos, constituye transacción importante dada la situación de incertidumbre que caracteriza los mercados financieros internacionales y desde el punto de la coyuntura actual muestra credibilidad de la política económica del gobierno.
Sin embargo, la emisión de estos bonos por el Ministerio de Hacienda, se considera la continuación de una política de endeudamiento, asumida por los gobiernos anteriores de financiamiento de los déficits presupuestarios a través de fuentes externas, agravado por la crisis que vive el País consecuencia de la pandemia COVID-19.
Bajo estas circunstancias es un desahogo del gobierno para financiar la crisis dada la situación de restricciones económicas que vive el País.
Es preciso acotar que estos bonos son promesas de pagos, y como tales se convierten en obligaciones del gobierno dominicano, que dado el plazo, compromete las futuras generaciones, es por tanto, considerado pertinente
Aunque las circunstancias actuales no lo permiten las perspectivas alternativas ideal sería, no una política de endeudamiento, sino una reforma fiscal integral cuando existan mínimas condiciones en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo que permita la suficiencia de recursos para que el gobierno no se vea compelido a utilizar este medio de financiamiento.
JPM


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