El presidente Danilo Medina ha promulgado el nuevo Código Penal que contiene la despenalización del aborto terapéutico y remite a una ley especial la posibilidad de permitir interrupción del embarazo en casos de violación, incesto o mal formación del feto incompatible con la vida.
Es posible que esa ley 550-14, que entrara en vigencia un año después de su publicación en la Gaceta Oficial, sea remitida a la consideración del Tribunal Constitucional a los fines de precisas si colisiona con la Carta Magna, por lo que se prevé que el debate en torno al aborto continuara por mucho tiempo.
Así las cosas, prefiero reflexionar sobre la forma en que se han conducido las discusiones en torno a un tema que a mi juicio, es de carácter ético y moral, más que político o jurídico, porque para llegar a los dos últimos escenario, se requiere consensuar sobre vida y dogma.
Como hecho cierto u objetivo se establece que la población dominicana mayoritariamente profesa la fe cristiana por lo que no resulta fácil convencer a la gente sobre lo que significa el derecho de una mujer de negar o aceptar que en su vientre se desarrolle una vida.
Lo deseable sería que el Gobierno no se involucre en asunto de la fe ni la iglesia pretenda dirigir desde los altares al Estado y sus instituciones terrenales, porque “a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del cesar”. El presidente no puede oficiar una misa, ni el sacerdote observar una ley.
El Gobierno no puede ni debe propiciar un debate o pleito con las Iglesias, ni tampoco aceptar presiones que lo obliguen a colocar la fe por encima de la ley, porque el propio salvador del mundo aconsejo que permitieran que el cesar gobernara según sus designios.
La carta del padre Manuel Ruiz al presidente Medina, de renuncia a su condición de enlace entre Palacio ye Iglesia, tiene un contenido afrentoso y desconsiderado que pudo provocar un mayor daños mayores, si no fuera por la oportuna y sensata aclaración de la Conferencia de los Obispos, que desvinculó al clero de esa inmerecida ofensa.
La Iglesia católica, que en otros episodios históricos ha tomado partido del lado del oscurantismo, es hoy una institución preclara, cuyos obispos saben o están conscientes que el presidente Danilo Medina encabeza un gobierno sano, transparente, respetuoso, responsable y esencialmente muy humano.
El Presidente proviene de una familia de militancia cristiana, a mí me consta, pero también sé que por su acendrada sensibilidad, Danilo no dormiría tranquilo al saber que cientos de mujeres mueren en las maternidades públicas por falta de una ley que garantice con claridad y transparencia su derecho a vivir.
La penalización o no del aborto terapéutico o interrupción de embarazo en condición especial es tema difícil, de múltiples aristas jurídicas, éticas, morales y politicas, por lo que no es conveniente jugar con él a la ruleta rusa, ni pretender dividir a la sociedad entre progresistas y atrasados.
Estoy absolutamente convencido de que el presidente Medina ha actuado en este espinoso asunto con absoluta conciencia de que cumple con su deber. Las iglesias, sin menoscabo a su derecho de disentir, deberían recrear las palabras de Jesús respeto a la diferencia de funciones entre Dios y el César.


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