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Cancilleres y representantes de 17 países del continente americano reunidos en Lima, Perú, condenaron la ruptura del orden democrático en Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
Al final de su encuentro, los cancilleres dieron a conocer la Declaración de Lima, en la que expresan su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente del gobierno de Maduro, «ni a los actos que emanen de ella por ser ilegítima».
Afirmaron su pleno respaldo y solidaridad a la Asamblea Nacional de Venezuela, «electa de manera democrática», y señalaron que los actos jurisdiccionales que apruebe bajo la Constitución serán reconocidos.
Reafirmaron además el respaldo a la combatida fiscal general Luisa Ortega Díaz y a los integrantes del Ministerio Público, exigiendo que se apliquen las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH les ha otorgado.
Rechazan la violencia y toda opción que involucre el uso de la fuerza. Condenan la violación sistemática de los derechos humanos y libertades fundamentales, la represión, la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres que puedan ser observadas por monitores internacionales independientes.
La Declaración de Lima indica que Venezuela no cumple con requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y expresa seria preocupación por la crisis humanitaria en ese país, condenando al gobierno de Nicolás Maduro por no permitir el ingreso de alimentos y medicinas.
Reiteran su disposición a continuar aplicando la carta democrática interamericana al gobierno venezolano y apoyan a Mercosur en su decisión de suspender a Venezuela del grupo regional, y prometen no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos ni organizaciones regionales o internacionales.
Exhortan a detener la transferencia de armas en base al Tratado sobre el Comercio de Armas y piden que se aplace la cumbre de la CELAC con la Unión Europea planeada para octubre.
Los cancilleres también establecieron un mecanismo para monitorear la situación en Venezuela y decidieron volver a reunirse en septiembre.
