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El 24 de enero, el alcalde del Municipio de Las Yayas, Ramon Antonio Soto Feliz fue detenido una ambulancia en la que transportaba de manera ilícita inmigrantes haitianos a territorio dominicano. Un periódico de circulación vespertina informó algo muy grave: esa misma ambulancia había transitado durante varios días por la ruta donde fue detenida.
Aquí hay varios puntos:
- El infractor es un funcionario municipal que siempre ha usado los recursos del estado para su provecho personal. Solo que ahora es confeso de violar las leyes que penalizan el tráfico de humano.
- Ese mismo infractor alega que asume toda responsabilidad del delito, bajo excusa de que buscaba mano de obra para su propia finca.
- Esa ambulancia es para darle un servicio de salud un pueblo que no tiene un hospital;
- Lo correcto seria suspenderlo hasta que demuestre su inocencia.
VARIAS PREGUNTAS
- ¿Qué castigo impondría el Partido de la Liberación Dominicana cuando uno de sus miembros que en este caso un alcalde municipal, se declara culpable del grave delito de tráfico de humano?
- ¿Qué sanciones impondría la Sala Capitular y sus regidores si su máxima autoridad se declara culpable del grave delito de traicionar la confianza de sus votantes; de sus munícipes, de su partido? Y algo que mucho más grave: tracción a la Patria de Duarte introduciendo a nacionales haitianos.
- En el Ayuntamiento de Las Yayas, la Sala Capitular, literalmente, es un carro moribundo cuyo motor es un alcalde que nunca ha realizado una auditoría; un alcalde que ha manejado de manera personal el presupuesto que le corresponde a un pueblo moralmente quebrado.
Veremos cuales explicaciones (o sanciones) daría el Partido de la Liberación Dominicana a un municipio cuyo alcalde ha reiterado públicamente que esta dispuesto a sumir toda responsabilidad. Y alega algo mucho más desafiante: no se arrepiente de haber traficado con ilegales haitianos.
jpm
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