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Santo Domingo, 27 ene (EFE).- Pro Consumidor aclaró que no ha impedido el desarrollo del octavo juego de la serie final de béisbol invernal pautado para este viernes entre los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas y afirmó que el estadio Quisqueya Juan Marichal no está intervenido por la institución.
El organismo informó que sus fiscalizadores se presentaron en las oficinas administrativas de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), para requerir en forma obligada las informaciones sobre las políticas de ventas de las entradas a los juegos, solicitadas el pasado miércoles sin que hayan sido entregadas.
Sostuvo, en un comunicado, que dado que venció el plazo otorgado por la dirección ejecutiva de Pro Consumidor a la Lidom, sus inspectores acudieron a la liga para demandar las informaciones solicitadas y darles respuestas a los usuarios que han reclamado sobre esta situación de la venta de boletas.
Explicó que Pro Consumidor solicitó los detalles sobre la política y disponibilidad de venta de boletas al público para cada uno de los partidos programados, el listado de personas abonadas y la cantidad de boletas vendidas bajo esta modalidad, número de boletas disponibles a ser ofertadas en puntos de venta externos y cualquier otro dato relativo al derecho a la debida información que deben recibir los consumidores y usuarios.
La administración de Lidom, agregó el parte oficial, informó que trabaja en la entrega de la documentación requerida, pero que dado el volumen de las informaciones y la falta de tiempo por la celebración de los juegos, no habían podido recopilar toda la información, por lo que solicitaron hasta el martes próximo para hacer entrega formalmente.
Pro consumidor acogió las informaciones recibidas, aunque advirtió a Lidom que estará pendiente y de no recibir las mismas tomará las acciones legales correspondientes.
Señaló que en el caso de encontrarse violaciones a las disposiciones de la Ley No. 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, se procederá a aplicar las sanciones correspondientes, que implicaría una multa de hasta 100 salarios mínimos, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los servicios objeto de la infracción.EFE
