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SANTO DOMINGO (EFE).- El presidente del Colegio Dominicano de Notarios, Pedro Rodríguez Montero, afirmó hoy que si se aprueba una ley de jurisdicción voluntaria o de trámite rápido que integre a los miembros de esa institución que actúen en lugar de jueces mediadores, el presupuesto del Poder Judicial se reducirá un 40 %.
El representante de los Notarios, señaló que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, formula propuestas que encarecen el sistema de Justicia, como la de los jueces intermediadores, y destacó que la mediación por excelencia la hacen los notarios sin costo alguno para el Estado.
Según explicó, la Jurisdicción Voluntaria entraña una mediación y arbitraje mediante el cual las partes en conflicto buscan respuestas ágiles e idóneas, libres de la burocracia del Estado y de grandes gastos financieros.
El Colegio de Notarios se apresta depositar próximamente en el Congreso Nacional un anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, que busca descongestionar la Justicia, similar a los que existen en España, Colombia, Uruguay, México, Perú, Puerto Rico, Ecuador, El Salvador y otros países de América Latina.
«La Ley sobre asuntos no contenciosos y de trámite rápido desjudializará una inmensidad de conflictos, descongestionará los tribunales y, por lo tanto, ahorrará recursos financieros y tiempo al Estado», expresó.
Para el presidente del Colegio de Notarios, la creación de tribunales de intermediación conllevará a la exigencia de nuevas estructuras físicas, jueces, secretarias y otro personal, así como un gasto en material de apoyo, aumentando así el presupuesto del Poder Judicial.
En cambio, con la participación de los notarios como mediadores, el gobierno se ahorrará muchos recursos, porque éstos cuentan con oficinas, secretarias y otros recursos humanos y materiales.
«Procesos que duran entre 3 y 10 años, que significan costos operativos y tiempo, serán resueltos en días o semanas con la mediación notarial», expresó.
Rodríguez Montero apuntó que en República Dominicana tenemos que pensar en ahorrar recursos financieros y humanos, en vez de incrementarlos como está proponiendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y esto es inconcebible».
A su entender, la nueva Ley del Notariado, la 140-15, bien aprovechada, puede jugar este rol porque tiene parte de lo que es la Ley de Jurisdicción Voluntaria en lo que se refiere a la fijación de sellos.
«No debemos seguir burocratizando, complicando y encareciendo el sector judicial, y creemos que, con su propuesta, el magistrado Mejía Germán deja entrever una escasa visión de priorización y racionalidad gerencial», expresó.
jt/am
