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SANTO DOMINGO (EFE).- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, instruyó a todos los representantes del Ministerio Público a solicitar prisión preventiva en los casos de violación del derecho de propiedad, cuando la persona agraviada pueda demostrar el certificado de título correspondiente y la notificación previa de desalojo.
Mediante una comunicación, Domínguez Brito ordena «tomar las medidas necesarias» para prohibir, proscribir y perseguir el delito de violación de propiedad en todas sus manifestaciones.
«Los fiscales solicitarán la imposición preventiva en todos aquellos casos en que el imputado o los cómplices de la violación de propiedad hayan sido intimados por el propietario y/o el Abogado del Estado para el abandono del inmueble», enfatizó.
Agregó que también se demandará prisión preventiva cuando en el inmueble se haya practicado con anterioridad un desalojo o si el imputado se encuentra cumpliendo una medida de coerción previa por una violación de igual naturaleza con la intención de evitar que se constituya en una amenaza para la víctima y la sociedad.
La comunicación subraya que corresponde a los procuradores fiscales y adjuntos el ejercicio de la acción penal pública en todos los casos de violación del derecho de propiedad amparado en un certificado de título o de la correspondiente certificación de Estado Jurídico, sea mediante denuncia o querella de la parte agraviada.
Dijo que en ese caso el fiscal apoderado procederá a adoptar las medidas pertinentes para la identificación de los imputados y proceder judicialmente.
«El fiscal debe recopilar las pruebas necesarias y, especialmente, la protección del derecho de propiedad reconocido en el certificado de título, incluyendo el registro de morada, la clausura de locales, orden de arresto u otras medidas que entienda pertinentes, solicitando la autorización judicial en los casos que proceda», dice la comunicación.
Asimismo destacó que tras la identificación de los autores del delito y otros que hayan incitado o se estén beneficiándose con la infracción penal, se solicitará al juez competente la imposición de medidas de coerción contra todos mientras se esté en proceso de investigación del hecho y hasta la emisión de la sentencia definitiva.
En cambio, aclaró que los fiscales harán uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en el Código Procesal Penal, cuando se presente una opinión favorable de la víctima o su representante, además de que los imputados colaboren con la investigación iniciada y decidan abandonar voluntariamente el inmueble afectado.
