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SANTO DOMINGO.- El haberle el impuesto una «condena» de dos años de cárcel a un hombre que en 2009 mató de un balazo en la frente a su esposa embarazada de siete meses, figura entre las quejas contra uno de los jueces acusados por la Procuraduría General de la República de pertenecer a una red que se dedicaba a favorecer con sentencias a criminales y personas ligadas al narcotráfico.
En 2009, la familia de Bárbara Carolina Amparo, asesinada por su marido Roberto Antonio Jiménez Rodríguez, se quejó de que el juez Víctor Mejía Lebrón solo le impusiera al matador dos años de prisión en vez de sentenciarlo a la pena máxima de 30 años, tomando en cuenta de que también pereció el niño que tenía en su vientre.
Mejía Lebrón, quien entonces presidía el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, figura entre los acusados por la Procuraduría General de la República de pertenecer a una red mafiosa que se dedicaba a poner personas en libertad a cambio de dinero.
Maritza Perdomo, madre de la víctima, dijo en esa ocasión que el juez Mejía Lebrón tomó como argumento que no se presentaron las evidencias suficientes que demostraran que el acusado cometió el crimen.
Sin embargo, asegura que Jiménez confesó durante los interrogatorios su culpabilidad, lo que según indica no fue suficiente para que el juez Mejía Lebrón lo condenara a la máxima de la pena, ya que fue un doble crimen el que cometió.
Calificó la decisión como una burla, tras denunciar que los dos años que se le impusieron al victimario fue porque el arma con la que cometió el crimen tenía el permiso vencido y no porque cometió el doble asesinato.
«Se burlaron en la cara de uno, la justicia no sirve en este país, se vendieron los jueces», eran las palabras de la madre de la víctima tras el fallo de lo que calificó como una sentencia comprada.
Los familiares de Carolina Amparo entienden que para el juez que falló la sentencia, es más criminal aquella persona que anda con un arma sin permiso que el que comete un doble asesinato.
JPM
