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Una ley de partidos no garantiza el florecimiento de la democracia en la República Dominicana. Por el contrario, podría servir para crear barreras que impidan que grupos representativos puedan llegar a posiciones congresuales o municipales.
La ley de partidos solo tiene importancia, para los que siempre han querido narigonear a los grupos políticos, al tiempo que en forma hipócrita consideran que participar en las actividades políticas es descender al foso de una letrina.
Los autotitulados representantes de la sociedad civil carecen de verdadera representación, y su voz aflautada siempre ha tratado de dirigir los destinos nacionales sin entrar de lleno al redondel político, sino jalando por las narices a lo que entran de lleno en el debate electoral.
La ley de partido únicamente serviría para cercenar la voz de las minorías, que sumadas es la más gran mayoría. Ya han logrado una de sus metas fundamentales que era el bi-partidismo, pero los acontecimientos se les van de las manos cuando lo que surge es el partido único. La ley actual regula bien en claro cuales son los requisitos para el accionar de un partido o de un movimiento político o comunitario. Más leyes, es para satisfacer egos de los que nada construyen en beneficio de la democracia.
Lo que se tiene que cumplir sin miramientos son las leyes y disposiciones vigentes en torno al accionar político, teniendo como punto inicial a la Junta Central Electoral y las Cortes, valga decir el Tribunal Constitucional y el Tribunal Electoral.
Lo que no se perdonan los mal llamados representantes de la sociedad civil es que haya desaparecido el rol del mediador, de la voz susprema a que se tenía que acudir en caso de conflictos, debido a que su presencia no es necesaria si se cuenta con las cortes superiores.
En todo caso y pese a sus imperfecciones, yo prefiero las Cortes, antes del rol de un mediador por encima del bien y del mal, actuando como un Jupiter tronante, imponiendo decisiones en muchas ocasiones alejadas del sentimiento popular.
Si no se cumplen las leyes electorales actuales, mucho menos se respetará una ley de partidos. Los reglamentos no pasan del papel, cuando se carece de fuerza moral que pueda hacerlos cumplir. La sociedad civil es culpable de las bellaquerías de los grupos políticos dominicanos, porque jugó con ellos a dirigir el Estado moviendo hilos tras bambalinas, como una mano oculta y siniestra de un ajedrez agitado tras las sombras.
El orden, el respeto y la moral política tienen que surgir con el respeto a las leyes, los reglamentos, y la voluntad del pueblo votante. Querer nuevas leyes para satisfacer ambiciones políticas de los que buscan ser manejadores de entuertos sin dar la cara, es inaceptable.
