Alergia a la injusticia: se aconseja resistir presiones externas

Mucho antes de que Donald Trump estrenara su primer mandato (1916-2020), en Europa se registraba un activo giro político hacia la extrema derecha (Dinamarca, noruega, Suiza, Hungría, Polonia, Italia, Suecia, Países Bajos y Francia), extremismo ideológico que nada tiene que ver con el inquilino de la Casa Blanca.

Ese brote ultra se atribuye al desenfreno migratorio desde Asia y África hacia el viejo continente, así como a la promoción de esquemas económicos neoliberales que colisionan con principios de gobernanza de la Unión Europea basado en la promoción del Estado de bienestar social y económico.

Ese proceso ideológico ultra que tuvo su origen en 1922 en Italia con el advenimiento del fascismo, y en 1933 del nazismo en Alemania, retoñó en 1999, en Austria, y no ha parado de extenderse por toda Europa, donde partidos de extrema derecha conquistan el gobierno o se afianzan como fuerzas electorales determinantes.

No cabe duda de que el detonante principal de ese fenómeno político y social ha sido la masiva y dilatada migración hacia Europa, aunque la promoción de políticas económicas excluyentes también gravita grandemente, pero en todo caso, gobierno de izquierda o progresistas cargan con fardo de responsabilidad.

En América Latina lo que ha influido en ese viraje político hacia la extrema derecha ha sido el abrupto cambio de política exterior de Estados Unidos, impulsado por el gobierno de Trump, que retomó el viejo aforismo de “América para los Americanos” (estadounidenses), con el apoyo a proyectos políticos ultra.

Ese oleaje extremista alcanzó a Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Argentina, Panamá, Bolivia y Costa Rica, en tanto que Washington controla a Venezuela, después de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, y ha impuesto un estricto cerco energético sobre cuba.

La izquierda carga con mucha culpa por esos cambios de dirección política en el continente a causa también de sucesivos fracasos de mentados gobiernos progresistas que no cumplieron ni mínimamente con las expectativas de cambio social y político de sus respectivos pueblos, como son los casos de Chile, Venezuela, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia, entre otros.

La mayoría de esos gobiernos no cumplieron promesas de reducir pobreza, controlar inflación, combatir la corrupción, promover valores democráticos o redistribuir con equidad el ingreso público, porque sus líderes prefirieron instalar grandes manufactureras de excusas o justificaciones.

República Dominicana es, junto a Uruguay, sobreviviente de ese holocausto político que hoy atribula a gran parte del continente, lo que se atribuye en el caso nuestro a una democracia política consolidada, construida a sangre, sudor y lágrimas, y a una economía resiliente que en más de dos décadas ha crecido en promedio sobre el 5%.

El gobierno debería pensarlo más de dos veces antes de caer en la tentación de colocar en pública subasta valores democráticos que sustentan la gobernanza y la convivencia, por lo que se aconseja resistir presiones externas porque el pueblo dominicano ha demostrado más de una vez que es alérgico a la injusticia o represión.

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