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MEXICO 30 Abr.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha pedido a Estados Unidos «pruebas contundentes» después de que el Departamento de Justicia haya acusado formalmente al actual gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios estatales de narcotráfico por colaborar presuntamente con el Cártel de Sinaloa.
«Nosotros no protegemos a nadie. Tienen que haber pruebas, tiene que haber documentos con base en nuestra legislación que demuestran la culpabilidad de una persona. Si esas pruebas no están, la pregunta es: ¿cuál es la motivación?», se ha cuestionado la mandataria este jueves durante una rueda de prensa.
En este sentido, ha reiterado que el sistema penal mexicano exige «pruebas contundentes» para girar una orden de aprehensión. «Esto no había ocurrido nunca antes en la historia, que la Fiscalía o el Departamento de Justicia de Estados Unidos pida una orden de extradición de un gobernador en funciones o de un presidente municipal en funciones», ha argüido.
Sheinbaum ha reiterado que, con base a dichas pruebas, la Fiscalía General de la República (FGR) tendría que dar su opinión al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre las acusaciones para que, a su vez, esta cartera pueda informar al respecto a las autoridades de Estados Unidos.
Asimismo, ha criticado a Estados Unidos porque, de acuerdo a los tratados internacionales, «tiene que haber una parte de confidencialidad». «Sin embargo, publican este documento. Hacen un relato muy largo, escrito (con las acusaciones)», ha dicho.
«No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo de México. El artículo 39 de la Constitución es muy claro: la soberanía emana del pueblo», ha agregado, si bien la presidenta no se ha pronunciado al ser preguntada por un periodista si esto responde a una motivación electoral por parte de la Administración Trump.
Según la acusación, tanto el gobernador como el resto de altos funcionarios mexicanos participaron en una «conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos».
Entre las funciones desempeñadas por los acusados figuran la presunta protección de los líderes del cártel de la «investigación, arresto y enjuiciamiento», así como la transmisión de información «confidencial» sobre las fuerzas de seguridad y el Ejército mexicanos a la banda criminal para «facilitar» sus actividades delictivas.
Asimismo, de acuerdo al escrito, «ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales» que «protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos, mientras que también «permitieron que miembros del cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin consecuencias». Todo ello, a cambio de grandes sumas de dinero.
El gobernador de Sinaloa rechazó las acusaciones en un mensaje publicado en redes sociales, asegurando que «carecen de veracidad y fundamento alguno» y precisando que se trata de «una perversa estrategia para violentar el orden constitucional».
of-am
