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Antes de responder la pregunta del tŕitulo del artículo, preguntemos primero los siguiente: ¿Por qué la mayoría de los ciudadanos dominicanos está exigiendo tanto el respeto a la garantía constitucional de la libre participación política (Art. 216.1) y a la sentencia del tribunal constitucional (TC/0788/24), para que definitivamente se reconozcan y garanticen las candidaturas independientes?
¿Qué dispone el artículo 216.1? Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanos en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia.
Pero, ¿Por qué hay cada vez más gente (dominicanos y dominicanas), exigiendo la garantía de las candidaturas independientes?
1. Porque cada vez hay más gente que no le queda la menor duda, que los principales partidos políticos dominicanos están comprometidos con la corrupción, la cual es utilizada como medio idóneo para drenar y acumular grandes cantidades de recursos públicos, con los que se enriquecen políticos de esos partidos, y para la financiación electoral.
2. Porque cada vez hay más gente convencida que los partidos principales políticos se han puesto de acuerdo para, una vez alcanzan el poder, colocar sus jueces y fiscales políticos favoritos en el sistema de justicia penal dominicano, y así garantizarse impunidad en aquellos casos de corrupción que finalmente logren judicializarse.
3. Y porque cada vez hay más gente al tanto de que los principales partidos políticos se han dedicado a recibir dinero de dudosa procedencia, a gente vinculada al narcotráfico y el lavado de activos, con los cuales financian las campañas de los partidos, a cambio de cederle candidaturas en todos los niveles.
Así las cosas, no son los candidatos independientes los que han dañado los partidos políticos (porque aún no han participado), como quieren aducir algunos de los políticos varados en el siglo pasado.
Los que han dañado los partidos son las mismas cúpulas de los mismos; la corrupción administrativa, la cual es parte integral de de la agenda de cada uno de ellos; la impunidad como regla general, designando jueces y fiscales políticos en las Altas Cortes y en el Ministerio Público para protegerse de cualquier persecución penal; y por la permisividad con la que han dejado que gente señalada de estar vinculada al narco y al lavado de dinero, lleven su dinero a los partidos a cambio de ser presentados como candidatos.
