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NUEVA YORK.- El congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat celebró la decisión de una jueza federal que reconoce la labor de supervisión de los miembros del Congreso a los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que calificó como una «victoria» contra el brazo ejecutor de la promesa de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
El miércoles, la jueza Jia M. Cobb ordenó el bloqueo temporal al ICE la aplicación de nuevas normas que limitan las visitas de supervisión del Congreso, al concluir que es probable que los legisladores demócratas tengan éxito en su reclamo de que dicha política viola la ley federal que regula el acceso del Congreso a los centros de detención.
Cobb accedió a la solicitud de los legisladores de suspender la política del ICE, al considerar que las normas sobre visitas de supervisión son «contrarias a la ley y exceden la autoridad estatutaria» del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Según la magistrada, estas disposiciones impiden de manera ilegal que los miembros del Congreso realicen visitas de supervisión sin previo aviso mientras se resuelve el litigio.
«El @HispanicCaucus prevaleció en la corte con un juez federal que confirmó la ley y dictaminó que el Congreso puede supervisar los centros de detención del ICE. Esta es una victoria para el estado de derecho», escribió Espaillat en su cuenta de la red social X.
De acuerdo con la cadena CNN, 12 demócratas de la Cámara de Representantes, encabezados por el líder adjunto de la minoría Joe Neguse, presentaron una demanda contra el ICE y el DHS en un tribunal federal de Washington, D. C., por una política que exige a los miembros del Congreso notificar con siete días de antelación las visitas a determinadas instalaciones del ICE y que restringe el acceso a áreas específicas.
La jueza indicó que las políticas del ICE derivaron en que a los legisladores se les «prohibiera el ingreso a instalaciones» a las que tienen derecho de acceso conforme a la ley federal, y describió la restricción como un «daño tangible» que interfiere con la función de supervisión del Congreso.
Los legisladores sostienen que las inspecciones sin previo aviso son una herramienta esencial para monitorear las condiciones de detención y las prácticas de cumplimiento de la ley migratoria, y que las restricciones vulneran tanto el principio constitucional de separación de poderes como los estatutos federales que protegen la supervisión legislativa.
Por su parte, el ICE y el DHS han defendido la política al considerarla necesaria para garantizar la seguridad operativa de las instalaciones, al tiempo que permiten la supervisión del Congreso bajo condiciones estructuradas.
jt-am
