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Santo Domingo, 11 dic (EFE).- El Colectivo HaitianosRD presentó una comunicación ante la Procuraduría General de la República Dominicana, en la que reiteró sus denuncias y solicitudes de investigación sobre «graves violaciones de derechos humanos cometidas contra personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana», informó este jueves la organización.
El Colectivo expresó «profunda preocupación» por la «persistente impunidad en casos de violencia racista, asesinatos y muertes bajo custodia de la Dirección General de Migración (DGM) ocurridas entre 2015 y 2025».
La organización destacó las muertes de un recién nacido hijo de Melissa Jean Batista, ocurrida el 14 de noviembre de 2025 en el Centro de Detención de Haina; y la muerte de Gedilia Lonzandieu, el 9 de septiembre de 2025, también bajo custodia de la Dirección General de Migración (DGM).
ACLARAR FALLECIMIENTO DE LA NIÑA STEPHORA JOSEPH
Además, también exige aclarar el fallecimiento de Stephora Joseph, la niña de ascendencia haitiana que murió ahogada durante una excursión escolar el 14 de noviembre en Santiago (norte).
Asimismo, el Colectivo exigió una investigación sobre 54 muertes documentadas entre 2021 y 2025 en el contexto de deportaciones masivas, reflejadas en el informe «Deportaciones masivas y Estado de excepción en República Dominicana», también consignado ante la Procuraduría.
Según la organización, el reglamento de aplicación de la Ley de Migración prohíbe la detención de menores y madres lactantes, por lo que responsabiliza a los agentes estatales involucrados en las detenciones ilegales que han tenido como consecuencia la muerte de personas detenidas.
MINISTERIO PUBLICO INFORME SOBRE CASOS
Igualmente, solicitó a la Procuraduría informar sobre qué acciones judiciales se han tomado en casos como «el linchamiento de Jean Claude Harry ‘Tulile’ (2015); el linchamiento de Victor Pierre y Esil’homme Atul (2019); y el asesinato de Joel Lolo, a manos de un agente de la DGM en 2022 en Las Matas de Farfán (oeste)».
También, sobre los «linchamientos en Rancho Manuel (Puerto Plata, norte) en 2022 y Galván (Bahoruco, suroeste) en 2022», así como «las amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos y la actuación de grupos paramilitares».an/am
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