Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Asonahores dice turismo aporta el 15.9 % del PIB dominicano
Gobierno anuncia Simulacro Nacional Evacuación Terremoto
EEUU aplaude decisión de Perú de romper relaciones con Irán
Dominicana y Haití condicionan reapertura de sede diplomática
Trump asegura que EE.UU tiene municiones ilimitadas para Irán
Dominicano Juan Soto conecta cuadrangular 23 beisbol de GL
EEUU sanciona a un nieto del expresidente Raúl Castro
EEUU: Trump tacha a España como un «país arruinado»
China insta Unión Europea que cese sus amenazas unilaterales
IRAN: Guardia Revolucionaria promete respuesta ataque EEUU
SANTO DOMINGO, 6 oct 2014.- El diputado de la Fuerza Nacional Progresista declaró que es una obligación constitucional del Poder Ejecutivo y el Congreso consignar en la Ley de presupuesto y gastos públicos la partida de la Junta Central Electoral (JCE)correspondiente a la organización y montaje de las elecciones del año 2016.
Dijo que se trata de unas elecciones muy complejas que por mandato de la Constitución en su décimo cuarta disposición transitoria de forma excepcional se decidió unir las presidenciales con las congresionales y municipales.
En un documento de prensa, expuso que el pleno de la JCE se ha quejado de manera pública y ha denunciado de que no se tomaron en cuenta las partidas para el montaje de ese proceso comicial sobre el cual descansa el sistema democrático de la Dominicana, lo que resulta preocupante.
Castillo Semán adelantó que solicitará a la Cámara de Diputados que invite al Presidente del organismo comicial para que explique las necesidades y partidas indispensables en un año pre-electoral, ya que al final del 2015, los preparativos de ese certamen electoral deben estar bien avanzado, lo resultaría imposible sino se consignan las partidas y recursos correspondientes.
Igualmente, criticó que tampoco se han previsto partidas para Plan Nacional de Regularización y auditoria del registro civil ordenada por el Tribunal Constitucional.
