Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Asonahores dice turismo aporta el 15.9 % del PIB dominicano
Gobierno anuncia Simulacro Nacional Evacuación Terremoto
EEUU aplaude decisión de Perú de romper relaciones con Irán
Dominicana y Haití condicionan reapertura de sede diplomática
Trump asegura que EE.UU tiene municiones ilimitadas para Irán
Dominicano Juan Soto conecta cuadrangular 23 beisbol de GL
EEUU sanciona a un nieto del expresidente Raúl Castro
EEUU: Trump tacha a España como un «país arruinado»
China insta Unión Europea que cese sus amenazas unilaterales
IRAN: Guardia Revolucionaria promete respuesta ataque EEUU
SANTO DOMINGO.- Una periodista y emprendedora dominicana ha solicitado formalmente al Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) y al Defensor del Pueblo una revisión de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, tras enfrentar el rechazo de una solicitud de registro de nombre comercial sin derecho a reembolso.
Claudia Fernández Lerebours intentó registrar un nombre ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), como parte de un proyecto de comunicación sobre bienestar animal y humano.
La solicitud fue rechazada por similitud con un registro previo, pero al solicitar el retiro de la misma y el reembolso del monto pagado (aproximadamente RD$5,000.00), ONAPI alegó que la Ley 20-00 impide la devolución de dicho cargo.
“Revisé la legislación y no encontré ninguna cláusula que prohíba taxativamente el reembolso en casos de rechazo. Me parece injusto que se cobre por un servicio que no se presta, sin posibilidad de devolución ni advertencia previa sobre conflictos de nombre”, expresó.
Opinó que esta práctica vulnera los derechos del consumidor, por lo que solicitó a ambas instituciones a pronunciarse sobre la legalidad y legitimidad de esta política.
“Muchos emprendedores invierten sus recursos con ilusión y compromiso. No podemos normalizar que se pierdan sin garantías ni transparencia”, añadió.
La solicitud formal fue enviada esta semana a ProConsumidor y al Defensor del Pueblo, con copia a ONAPI.
Fernández Lerebours dijo esperar que esta acción impulse una revisión institucional que proteja a los usuarios de servicios públicos y fortalezca la
confianza ciudadana en los procesos administrativos.
of-am
