Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Asonahores dice turismo aporta el 15.9 % del PIB dominicano
Gobierno anuncia Simulacro Nacional Evacuación Terremoto
EEUU aplaude decisión de Perú de romper relaciones con Irán
Dominicana y Haití condicionan reapertura de sede diplomática
Trump asegura que EE.UU tiene municiones ilimitadas para Irán
Dominicano Juan Soto conecta cuadrangular 23 beisbol de GL
EEUU sanciona a un nieto del expresidente Raúl Castro
EEUU: Trump tacha a España como un «país arruinado»
China insta Unión Europea que cese sus amenazas unilaterales
IRAN: Guardia Revolucionaria promete respuesta ataque EEUU
SANTO DOMINGO.- La Contraloría General de la República ha incrementado de 206 a 304 el número de Unidades de Auditoría Interna en instituciones del Estado, durante la actual gestión del Presidente Abinader.
El contralor Félix Santana García dijo que ello representa un aumento de 98 unidades respecto a administraciones anteriores.
«En estas unidades se aplica un control interno previo que verifica que los contratos y libramientos de pago cumplan con los requisitos legales y administrativos. Una vez validados, son remitidos electrónicamente a través de los sistemas Sugep y TRE contratos a la sede de la Contraloría, donde pasan por distintas áreas de revisión», explicó.
Dijo que posteriormente las órdenes de pago son evaluadas y preautorizadas antes de pasar a la firma del contralor general.
Tras la autorización, se envían a la Tesorería Nacional, que realiza las transferencias correspondientes a las cuentas oficiales de las entidades públicas.
MARCO LEGAL Y RESPONSABILIDADES
Santana García recordó que, según el artículo 25 de la Ley 10-07, cada institución estatal es responsable del control interno y del uso adecuado de sus recursos.
Además, deben cumplir con las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci) emitidas por la Contraloría, que establecen lineamientos para la gestión eficiente, efectiva y transparente de los fondos públicos.
El funcionario precisó que, una vez agotado el proceso de revisión, la Contraloría aplica auditorías a las instituciones gubernamentales.
EN CASOS DE IMPLICACIONES PENALES
En caso de detectar irregularidades con implicaciones penales, señaló, estas se remiten a las instancias correspondientes. Si se identifican oportunidades de mejora, se recomienda un plan de acción para implementar medidas correctivas.
«Con el fin de preservar la objetividad, la Contraloría realiza rotaciones periódicas de auditores entre distintas instituciones, evitando vínculos cercanos con las Direcciones Administrativas y Financieras (DAF) que puedan comprometer la independencia de sus funciones», explicó García.
an/am
