Santiago: un episodio que no puede ser coronado por la impunidad

Ignoro si la ministra de Interior fue la que primero informó que el director de la Policía dispuso la suspensión de los agentes que ultimaron a cinco hombres en Santiago, o si fue la procuradora general, Yeni Berenice, que ordenó investigar esa matanza perpetrada el miércoles en el sector La Barranquita, de Santiago.

La primera información sobre ese suceso fue ofrecida por el coronel Diego Pesqueira, quien dijo que los agentes actuantes enfrentaron a miembros de una banda de delincuentes, que al menos dos de los occisos tenían antecedentes penales y que un miembro de la institución fue herido en la balacera.

Es posible que los agentes de la Dirección Centran de Investigaciones (Dicrim)  enfrentaran a supuestos miembros de una banda de sicarios o narcotraficantes, pero al menos se sabe que José Vladimir Valerio Estevez fue acribillado a balazos cuando iniciaba su jornada laboral como barbero.

La ministra Raful ha prometido que no habrá impunidad ante ese suceso que se quiso cerrar con la tradicional versión de que las victimas formaban parte de una peligrosa banda que enfrentó a las autoridades con un arsenal, sin establecer si pudo tratarse de otra ejecución extrajudicial.

En lo que va de año la prensa ha contado 170 personas ultimadas por patrullas policiales en alegados intercambios de disparos, a los que se agrega los cinco abatidos en una plaza comercial de Santiago. Donde la policía pone el ojo, pone la bala.

Se reconoce el especial interés que el presidente Luis Abinader ha puesto en el proyecto de transformación de la Policía, cuyo avance revisa cada lunes, pero aun la ciudadanía no percibe de manera significativa el cambio que experimenta la institución.

El narcotráfico, sicariato, terrorismo, extorsión y trata de personas se erigen en grandes multinacionales del crimen que perturba la seguridad ciudadana y la gobernanza política en América Latina, con tanto poder y dinero que llegan a penetrar hasta el tuétano de las instituciones   encargada de combatirlo.

En República Dominicana se han decomisado desde el 2020 más de 224 toneladas de drogas, pero se da por seguro que otros muchos cargamentos de narcóticos llegan desde aquí a su destino final de Estados Unidos y Europa, pero también es mucha la droga que se queda para mercadeo y consumo, lo que promueve una economía de subsuelo que alienta al crimen.

El Ministerio Público esta compelido a investigar las circunstancias en que cinco personas fueron abatidas a tiros por agentes policiales en Santiago, un episodio que no puede ser coronado por la impunidad porque sería como darle aquiescencia a que delincuentes maten a delincuentes.

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