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La privatización del sector eléctrico impuesta por el Banco Mundial y el FMI, impulsada por Leonel Fernández, aceptada por la cúpula del PRD y continuada por los gobiernos posteriores, ha tenido todas las características de un asalto del gran capital privado a la generación de energía y a sus ganancias; sin que el subsidio estatal haya disminuido, sin reducción de costos, sin disminuir la contaminación y sin erradicar apagones.
Previamente se había deteriorado el estatismo clientelista y corrupto, -vigente durante 35 años después de la tiranía de Trujillo- que resurgió parcialmente en las EDES, luego de la estafa de Unión Fenosa, con los mismos vicios; conformando una combinación nefasta para nuestra sociedad.
Dos modelos fracasados: el estatista, centralizado, clientelistas y corrupto, y la privatización junto a la mezcla de los dos.
¿Qué hacer entonces frente a quienes pretenden profundizar y generalizar la privatización de este sector estratégico, vital para la seguridad nacional?
Urge crear conciencia nacional en dirección a redefinir el sistema eléctrico como servicio público y propiedad social, y el suministro de la energía eléctrica como un deber del Estado en armonía con la naturaleza; mediante un nuevo modelo de propiedad, tecnología y gestión, que garantice el cese de los apagones, bajos costos producción, sanidad ambiental y precios accesibles. Esto exige:
Desprivatizar el sector, recuperando las empresas públicas privatizadas y nacionalizando progresivamente los negocios relacionados con la generación de energía dentro del sistema.
Eliminar los contratos leoninos y obligar en el contexto de la recuperación de la propiedad pública a compensar al Estado y a la sociedad de las estafas de que han sido víctimas.
Erradicar el lucro, las ganancias privadas en el manejo de las empresas eléctricas, propio del neoliberalismo imperante.
Bajar los costos de operaciones y reducirlos mediante una reestructuración tecnológica y administrativa, que implica un esfuerzo persistente de carácter social en favor de fuentes alternas de energía que no dañen el ambiente.
Integrar vertical y horizontalmente todas las vertientes del sistema (generación, transmisión, distribución y cobro) en un gran consorcio público democráticamente gestionado, poniéndole fin a la división impuesta por el Banco Mundial.
En fin, crear un nuevo modelo de propiedad y gestión, que preservando el carácter social del sector impida toda práctica clientelista y toda corrupción en su administración; incorporando la contabilidad abierta, la administración por concurso y la cogestión entre Estado, trabajadores y ciudadanía, así como formas de autonomía y autogestión.
jpm-am
